¿De quién es la responsabilidad social?

Si usted hojea un texto sobre esa rama de la Psicología conocida como Dinámica de Grupos, pronto dará con un experimento muy comentado: varias personas, aisladas en cubículos separados y cada uno equipado con un teléfono, reciben al unísono la angustiosa llamada de una mujer que pide ser socorrida.

Todos los teléfonos responden y cada cual se dispone de inmediato a brindar su ayuda. Otro grupo de personas, todas juntas en una sala donde los especialistas a cargo del experimento han colocado un solo teléfono, reciben la misma llamada de la mujer que pide angustiosamente ser socorrida. Todos se miran esperando que alguien tome la iniciativa. Resultado del experimento: la responsabilidad compartida se diluye.

Eso mismo es lo que ocurre muchas veces cuando chocan los intereses sociales y el tema de la propiedad. Por ejemplo, ante la Ley, el titular de una vivienda es responsable de lo que ocurra dentro de esta, los padres son responsables por sus hijos menores, los choferes por sus autos, etc, pero… ¿quién es responsable por lo que ocurre en una propiedad colectiva?

Hago esta reflexión porque en días como los que vive el país, con una amenaza muy real a la salud de las personas provocada por virus tan peligrosos como el dengue, el chikingunya y el zika, que además de ser fiebres hemorrágicas pueden dejar terribles secuelas en quienes son infestados por los mosquitos, resulta inaudita la impunidad de que gozan algunas instituciones que no cooperan con las campañas masivas de fumigación, poniendo en peligro con tamaña negligencia la salud de la comunidad y de todo el país.

Numerosos reportajes televisuales e informaciones de la prensa denuncian cómo han sido encontrados múltiples focos activos en locales cerrados pertenecientes a empresas y establecimientos estatales. Pero esos casos llegan a conocimiento de la población porque los locales han podido ser abiertos y se ha procedido a la inspección de sus interiores, lo que ha permitido la toma de las medidas sanitarias pertinentes.

Sin embargo, existen locales pertenecientes a empresas estatales que los destinan a usos de poca frecuencia, como por ejemplo, a almacenes, donde solo uno o dos empleados se presentan de vez en cuando y nunca están en sus puestos los días en que toca fumigar.

Los miembros de la campaña rondan en vano los alrededores del inmueble, pero nadie los recibe; no pueden pesquisar, no pueden echar el abate, no encuentran una ventana o algún resquicio por donde lanzar el humo salvador y tienen que abandonar el lugar, que sigue cerrado incubando sus vectores, los cuales, dada su pequeñez, saldrán luego al exterior por cualquier resquicio, inundando la geografía nacional y llevando a toda la isla su carga potencialmente mortal.

En estos casos no sirve de mucho denunciar la situación al Departamento de Higiene y Epidemiología del policlínico del área, ni elevar una queja al Departamento de Higiene Ambiental municipal, porque quien lo haga recibirá una respuesta desconcertante: estas instituciones, encargadas de velar por la salud de los ciudadanos, no tienen autoridad para proceder cuando se trata de instituciones del Estado. Para decirlo del modo más simple: no pueden entrar al local cerrado.

En algunos lugares los vecinos afectados se han quejado de esta situación a los trabajadores que aparecen de vez en cuando en estos locales, pero los trabajadores —también en ocasiones— se limitan a responder de manera displicente que nadie puede acceder al centro, y para justificar su actitud invocan sofisticadas normas de seguridad que, en casos como estos en que el riesgo es tan elevado, tienen un inevitable sabor a impudicia, puesto que no hay nada que demande mayor seguridad ni sea más digno de protección que la vida humana.

Invariablemente estos trabajadores irresponsables aseguran que ellos trasladarán la inquietud a la Gerencia, Administración o cualquier otro tipo de jefatura a cargo del inmueble, pero el inmueble sigue cerrado a los fumigadores, pasan los días, las semanas pasan y los vecinos continúan siendo picados por mosquitos, y nadie está seguro ni aunque cierre a cal y canto sus ventanas y se asfixie dentro de su vivienda. Nunca se llega a saber si la queja ha llegado a las jefaturas en cuestión. Nunca se llega a fumigar.

¿Cómo se puede calificar la actitud de estos trabajadores y de sus jefes, quienes con su actitud irresponsable anulan por completo los costosísimos y tan necesarios esfuerzos que realiza todo el país para hacer frente a epidemias que ponen en peligro la vida de sus ciudadanos?

La impunidad nunca es buena y siempre merece castigo, pero cuando la impunidad de un pequeño grupo de irresponsables pone en peligro la salud de una nación, además de ser una burla que indigna hasta la rabia se convierte en actitud criminal, y merecen un castigo ejemplar los culpables de semejante atropello contra la sociedad.

No hay que olvidar que los centros de trabajo poseen colectivos debidamente organizados por jerarquías, y reinan allí estructuras muy bien definidas que involucran hasta organizaciones de masas, por lo que están en la obligación de constituirse en ejemplos de disciplina y de respeto a los ciudadanos y a las leyes de Cuba.

Los ciudadanos afectados por la irresponsabilidad social de centros laborales, empresas e instituciones, no siempre saben cómo hacer valer sus derechos.

En el caso concreto de situaciones como las anteriormente descritas que obstaculicen la marcha correcta de las campañas masivas de lucha contra epidemias, los afectados deben dirigir sus quejas a cualquier instancia para denunciar al transgresor. Reclamar respeto total al derecho a la salud y la vida es una actitud absolutamente válida para cualquier ciudadano. Es más, la defensa de la vida así lo exige.

imop/