¿Dónde está el control a la elevación injustificada de precios?

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El venidero proceso de ordenamiento monetario y cambiario en Cuba, que implica un nuevo tipo de cambio, eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y una modificación en la distribución de los ingresos ha provocado diversas reacciones en la población.

Cuando el  vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, comparecieron en la Mesa Redonda para aclarar dudas e inquietudes, surgieron denuncias vinculadas con la subida de los precios de varios productos y servicios antes de la Tarea Ordenamiento.

En esa ocasión Murillo explicó que en el caso de los trabajadores por cuenta propia “se va a producir un incremento en los precios de los servicios de los cuentapropistas, porque la tendencia de las personas es que ‘si me subieron los costos, voy a subir los precios para que mis márgenes de ganancias no se afecten’. Habría que ver si el mercado les permite que los precios crezcan de manera indiscriminada. Nosotros hemos calculado un incremento de los precios de los Trabajadores por Cuenta Propio (TCP) y es importante decir que se está revisando la carga tributaria con la que operan hoy los trabajadores por cuenta propia”.

Pero este incremento al que se refiere Murillo será cuando ocurra el proceso de ordenamiento monetario y cambiario. El problema radica en que ya los precios en varios sectores están disparados. Muchos de los que han aumentado el valor de sus servicios o productos alegan que son los nuevos precios pos-COVID, de esta forma intentan justificarse detrás de la situación epidemiológica.

El tomate, la cebolla y el ají: ¿Con esos precios no hay quien pueda? En La Habana conviven actualmente alrededor de 1777 carretilleros inscritos de forma legal, unidos a otro tanto que son ilegales. Foto: María del Carmen Ramón.

Los productos agrícolas son blanco de la especulación y la reventa. En La Habana, por ejemplo, el Consejo de la Administración Provincial acordó establecer precios máximos de venta de productos agropecuarios que comercializan los TCP, a los mercados de oferta y demanda y los carretilleros.

De igual forma se evaluaría bimensualmente los precios vigentes y en correspondencia con la estacionalidad y época de cosecha de los productos se fijarían los mismos. Estas medidas en sus inicios mantuvieron a raya el valor de los productos agrícolas, pero la COVID-19 y el venidero proceso de ordenamiento monetario y cambiario han vuelto patas arriba los precios.

“El carretillero de mi barrio vende un aguacate en 20 pesos, una minúscula cabeza de ajo en 3 pesos y una libra de boniato, en 8 pesos, aunque el precio topado es 4 pesos y, por supuesto, sin hacerle ningún beneficio, cubierto de fango y comido por insectos”. Esta es la situación de Eduardo, pero no es el único que denuncia los altos precios en los que se comercializan los productos agrícolas.

Lázaro Álvarez confiesa ser hijo de campesinos, por esta razón conoce lo que significa el esfuerzo de sembrar la tierra. Considera que aunque el Estado tope los precios de los productos agrícolas y por mucho que aumenten los salarios no alcanza para la compra de productos necesarios. “Una libra de tomates puede llegar a costar 50 CUP”, dice.

Para Yemirka Napoles el principal problema radica en el abastecimiento. “Los agros particulares tienen productos, pero a muy altos precios; sin embargo los agros estatales no tienen nada para ofertar. Un trabajador estatal no puede mantenerse como están hoy los precios con un salario”, sentenció.

Desde Camagüey nos escribe Juan, este usuario dice que antes de la implementación de la tarea ordenamiento el pan en las panaderías clandestinas de su provincia ya está a 10 CUP. “La libra de carne de cerdo a 70 CUP, el café 110 cup la libra y la malanga 25 CUP, el cartón de huevo en el llamado mercado negro está a 150 CUP. Cada día proliferan más los vendedores clandestinos”, afirmó.

Resulta necesario destacar que los mercados gestionados por Trabajadores por Cuenta Propia que le han incorporado un componente de servicios a sus establecimientos, le dan valor agregado, benefician, procesan y empaquetan los productos agrícolas, se establece hasta un 40 % por encima del precio aprobado para los productos agrícolas que comercializan el resto de las formas de gestión.

La subida ha llegado a número desorbitantes: un vasito de ají a 20 CUP, un ramo de cebollino a 15 CUP, sin hablar  de las ristras y patas  de ajo y cebolla que cada vez cuestan más y hasta en CUC. ¿Conciben ustedes un aguacate a 25 CUP? ¿Se podrá comprar el boniato y el aguacate en un agromercado estatal  con precios topados, antes de que se los lleve el carretillero?

Son estas algunas de las interrogantes que quedan pendientes. Para muchos la respuesta es bastante simple, se le ha perdido el respeto al dinero ajeno.

Pagar el doble por el mismo servicio Barbería en La Habana. Foto: EFE

“Mi barbero, el mismo desde hace años, cobrara por el pelado 25 CUP. Era un arreglo sencillo que solo le llevaba 10 min. De una día para el otro, subió el precio del servicio y ahora cobra el doble por hacer lo mismo”

Esta es la historia de uno de nuestros usuarios en Cubadebate. Muchos servicios han aumentado de manera considerable los precios, pero esta subida no corresponde a una mejora en la actividad que se le oferta al cliente.

“La semana pasada, el cuentapropista que cuida las bicicletas en el agromercado de Tulipán duplicó el precio, por el mismo servicio, porque “van a subir los salarios”, y eso que ni siquiera se había anunciado la medida. En la ponchera reparar el ponche de una rueda de un auto cuesta 50 CUP, y entre 10 y 15 el de la bicicleta”, comenta Eduardo.

Carlos otro de nuestros usuarios nos habla de los altos precios que imponen los albañiles a la hora de cobrar por un trabajo. “Lo cierto es que el albañil más malo pide tanto o más dinero, como si fuera un ingeniero o un arquitecto”

En los bares y restaurantes, se exhiben precios exorbitantes. Productos de alta de manda como los refrescos y las cervezas, han duplicado y hasta triplicado el valor.

Para Miguel Verdecia la única forma de regular los precios y la inflación en el país se resume en una palabra, producir. La pregunta entonces sería; qué valor agregado están teniendo estos servicios o en qué han mejorado para cobrar un precio mayor por la misma actividad.

¿Quién le pone un freno?

En la estrategia económica social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19, el Ministerio de Finanzas y Precios determinó en lo referido a los precios establecer de manera gradual una política única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal, como no estatal.

Se planteó también la flexibilización gradualmente de los actuales niveles de descentralización en las aprobaciones de precios, así como rediseñar y perfeccionar los mecanismos de control e inspección de precios, de manera que se potencie el control popular, que integre el monitoreo de los precios, su regulación y enfrentamiento sistemático a las violaciones, en especial los precios abusivos y especulativos, derivados en no pocos casos de actividades económicas ilícitas.

Las denuncias por parte de la población sobre la elevación injustificada de algunos precios, debe ir acompañada por respuesta rápidas de la autoridades competentes, para garantizar que no se lastime el bolsillo de los cubanos.

Impacto de las Distorsiones en el Comercio Interior

Impacto de las Distorsiones en el Comercio Interior

Para evaluar el impacto de la distorsión de los precios minoristas en el mercado interno, es necesario realizar un recorrido por las políticas y programas aprobadas por la Revolución, que son conducidas por el Ministerio de Comercio Interior y se ejecutan en el sector empresarial.

En marzo de 1962 se implementó el sistema de abastecimiento racionado de artículos de consumo corriente, mediante la Ley No. 1015, en otras palabras, apareció la libreta de abastecimiento. En ese mismo mes, pero al año siguiente, en 1963 se aprueba la Ley de precios estableciendo valores fijos.

“En este período desde del año 1962 hasta aproximadamente 1990 había una mayor homogeneidad en los ingresos de la población y en todo el proceso de redistribución de esos ingresos, y por supuesto eran precios de línea económica. A partir del año 1990 ocurren transformaciones en la economía debido a que surgen nuevas fuentes de ingresos y de empleos, y dentro de las fuentes de empleo están las formas no estatales, por tanto, va a propiciar la creación de diferencias de ingresos en la población cubana.”

En el año 1994, la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta la adopción de medidas para el saneamiento de las finanzas internas, adoptó decisiones referidas a la elevación de precios y tarifas de productos y servicios seleccionados que no eran de primera necesidad, así como se eliminaron un conjunto de gratuidades. Con el progreso de la Revolución dichas soluciones se perfeccionan en aras de alcanzar una eficiencia en la economía nacional.

“Primero hay precios que están centralizados en su aprobación en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Finanzas y Precios. Los precios y servicios minoristas de alto impacto en la población, ya sean productos normados o los que se comercializan en la red liberada. Hay precios que están centralizados en el comercio interior, otros que están centralizados en las OSDE que son atendidas por el Ministerio de Comercio Interior. Dicho de otra manera, los que se comercializan en la red de mercados de artículos industriales, en el caso de los no alimenticios y los que se comercializan en la red de mercados Ideal, así como una selección de bodegas en los cuales se venden productos de forma liberada.”

Como parte de estas medidas se evidencian también la descentralización de precios de otros productos y servicios principalmente en el Ministerio de Comercio Interior, grupos empresariales, los llamados OSDE, los Consejos de Administración Provinciales y del Municipio Especial de la Isla de la Juventud.

“Cuál es la traducción de esta política a los programas del sistema nuestros, primero, la canasta familiar normada, un programa que tiene una nomenclatura de productos que se venden a precios con subsidios, que tiene la particularidad de que se venden en una red definida y aparece la figura del consumidor vinculado, quien accede con la libreta a la bodega que le corresponde. Por tanto, estos productos normados tienen una particularidad el consumidor está vinculado a un establecimiento específico, se establecen percápitas de alimentos, los productos tienen un ciclo de distribución mensual, trimestral y anual, los productos tienen un ciclo de vencimiento.”

Para nadie es secreto que con esta decisión el Gobierno Cubano ha garantizado la alimentación esencial de muchos hogares los cuales no cuentan con ingresos medio y alto en su haber.

Con la implementación del reordenamiento económico de los ingresos netos de la población en general, se superarían los nocivos efectos del igualitarismo haciendo realidad el principio del Socialismo que expresa de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo, y rectificar lo que todos conocemos como la pirámide invertida para sostener el principio de la Revolución de no dejar a nadie vulnerable.

Fuente: Cubadebate y Radio Rebelde

imop/

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